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LOS REGLAMENTOS 2016/113 Y 2016/1104 DE COOPERACION REFORZADA EN EL AMBITO DE LA COMPETENCIA Y LEY APLICABLE, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE REGÍMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES Y DE EFECTOS PATRIMONIALES DE LAS PAREJAS DE HECHO

Son más de 17 millones, las parejas compuestas por individuos de diferentes nacionalidades.
La libre circulación de personas en el siglo que nos encontramos, fomenta la unión, ya sea en pareja o en matrimonio, de personas con diferentes nacionalidades, que se trasladan, y que generan relaciones personales y patrimoniales. El hecho del fallecimiento de uno de ellos, o de la ruptura de su unión, tiene como consecuencia la necesidad de liquidar su régimen económico matrimonial, o en el caso de la pareja de hecho, regular sus efectos patrimoniales. Ello necesita de una unificación de criterios, a fin de evitar la duplicidad de procesos, o el nacimiento de resoluciones procedentes de diferentes estados, que fueren inconciliables.
El consejo de la Unión Europea a través de estos Reglamentos, adopta unas medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, para garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los estados miembros, en materia de conflictos de leyes y competencia.
Los Reglamentos tratan de concentrar la competencia en materia de régimen económico matrimonial, y de los efectos patrimoniales de las uniones registradas, en el estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales deban resolver sobre la sucesión de uno de los cónyuges o miembros de la pareja de conformidad con el Reglamento 650/2012, o el divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio según el Reglamento 2201/2003 del Consejo; Y en el caso de una unión registrada, deba conocerse su disolución o anulación.
No obstante, para regular los supuestos en los que las cuestiones patrimoniales (matrimonio o unión registrada) no tengan relación con procesos pendientes en un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, los presentes Reglamentos establecen una serie de puntos de conexión para determinar la competencia judicial, siendo el primero de ellos la residencia habitual de los cónyuges o miembros de la unión registrada en el momento de interposición de la demanda, seguidos de otros criterios.

Para aumentar la seguridad jurídica y la autonomía de las partes, los Reglamentos, permiten que, bajo determinadas circunstancias, las partes acuerden la elección del foro en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la Ley

aplicable o de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la celebración del matrimonio. Y en el caso de las uniones registradas, podrán elegir el foro de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la ley aplicable o de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en virtud de cuya ley se haya creado la unión registrada.
Pero además, el Reglamento establece una serie de normas a fin de evitar resoluciones contradictorias respecto a la ley aplicable al régimen económico matrimonial, o a los efectos patrimoniales de las uniones registradas, dando plena seguridad jurídica a las partes, que conocerán de ante mano, cual será la ley aplicable a su caso. Estas normas abarcan la totalidad del patrimonio en cuestión, con independencia de la naturaleza de los bienes, o del lugar en que se encuentren.
Establecen los Reglamentos una serie de puntos de conexión para determinar la ley aplicable a falta de elección, que en el caso de los matrimonios, es la residencia habitual inmediatamente después del matrimonio el primero de ellos, o la ley nacional común a falta del anterior, siendo, a falta de aplicación de los dos criterios anteriores, la ley del Estado en el que los cónyuges tengan una relación más estrecha (referida esta conexión al momento de celebración del matrimonio).
Para las uniones registradas, el Reglamento prevé como ley aplicable la del Estado en virtud del cual se haya realizado el registro obligatorio para la constitución de su unión.
Pero del mismo modo que en el caso de la elección del foro, los Reglamentos permiten a las partes la elección de la ley aplicable, en el caso del matrimonio, entre las leyes del país en el que tengan su residencia habitual o la de su nacionalidad. Y en el caso de las uniones registradas, si bien se establecen los mismos criterios de elección, la ley elegida debe atribuir efectos patrimoniales a la unión registrada, para no dejar a la misma en un vacío legal.
Dada la importancia que dan los Reglamentos objeto de este artículo a la autonomía de la voluntad, hemos de resaltar, la certeza, seguridad jurídica y previsibilidad que da a las partes el hecho de manifestar, con los requisitos legales del país donde lo lleven a cabo, la elección del foro y de la ley aplicable en esta materia, ya que aunque se establecen unos criterios que permitan desarrollar esa cooperación reforzada entre los estados miembros, no olvidemos que dichos criterios y puntos de conexión, vienen a su vez “moderados y modulados”, por otros criterios que, en definitiva, dependerán de su interpretación por un tercero, en el momento en que deban hacerse valer.
De ahí, la necesidad de asesorar a las partes que tienen o pueden tener repercusiones transfronterizas, en el sentido de establecer, a través de los instrumentos que los Reglamentos nos proporcionan, de manera clara, qué órgano jurisdiccional será el competente, y qué ley será aplicable, a las cuestiones en materia de su régimen económico matrimonial, o a los efectos patrimoniales de su unión registrada, para aquellos casos en que fuese necesario.
Simplemente, poniendo en práctica el DERECHO PREVENTIVO.

Inmaculada Ruz Abogado ICAB